Hacia una Sanidad sostenible

Estamos inmersos en una crisis de proporciones apocalípticas en las que todas y cada una de las estructuras de nuestra sociedad se están viendo afectadas. Se habla ya de generaciones perdidas, como si esas personas no contaran ya para nada para la sociedad, mientras tanto los que están trabajando y cobrando un sueldo, piensan que su futuro es totalmente incierto y que el vivir día a día es su única certeza; aquellos que están en la tercera edad y están jubilados, piensan con temor que van a ver recortadas sus prestaciones en todos los aspectos y maneras. De entre muchas otras estructuras que deben ser revisadas, modernizadas y optimizadas, la Sanidad es una de las que mayor prioridad necesita a la hora de ser abordada. Palabras mayores como insostenible, colapso o desmoronamiento, suenan referidas a nuestro sistema sanitario. Para hacernos una idea de como esta estructura entrado en una espiral de crisis, lo primero es reconocer y conocer las labores de que se ocupa. Nuestro sistema sanitario podríamos definirlo como de coberturas casi totales, en materia de atención médica prácticamente cubre todos los procesos agudos y crónicos de manera gratuíta, exceptuando algunos pocos procedimientos de todos conocidos (p.e. prestaciones dentales), se recibe independientemente de su nivel de ingresos y no tiene limitación en materia de gastos por atención sanitaria al paciente o por el nivel de aportación impositiva de éste. La cobertura en materia de medicamentos es del 100% en el caso de pensionistas, independientemente de su nivel de ingresos, y del 60% en el caso de cotizantes, no cotizantes y extranjeros en cualquier situación legal, en el caso de la medicación hospitalaria es 100% gratuíta para el total de los residentes en este país. La obsesión de todos los políticos ha sido llegar a una cobertura total de la población residente en nuestro país, e incluso ser referencia a nivel mundial de determinadas técnicas sanitarias, que se ofrecen a personas de todo el mundo. La financiación de la Sanidad se hace en base a partidas presupuestarias que se alimentan de los impuestos recaudados, estos impuestos son independientes del nivel de uso del sistema sanitario por parte de los individuos. No hay que ser muy inteligente para saber que la crisis produce una disminución del nivel de ingresos por impuestos, ya que la actividad económica cae y cada vez son menos los que aportan y más los que reciben. Frente a esto, la cobertura sanitaria no ha hecho más que aumentar y expandirse, tanto en atención sanitaria, como en contratación de personal, como en apertura de nuevos centros sanitarios. La idea de que la Sanidad se ha ido hipertrofiando en todos los aspectos por decisión de nuestros políticos con el beneplácito de la población es algo innegable. Hoy por hoy, nuestra Sanidad está hiperrofiada por un sin fín de excesos que enumerados son: exceso de coberturas, exceso de centros sanitarios, exceso de personal y exceso de coste por procedimientos. Nuestra Sanidad está mal enfocada, mal gestionada, mal dimensionada, y mal financiada. La pregunta que están en el aire y que nadie quiere responder es si el actual modelo de Sanidad Pública dede ser mantenido a cualquier precio. Mi respuesta a esta pregunta es tajante, NO.
Ya hemos visto como funciona nuestra Sanidad y qué males le afectan. Ahora veamos si tienen solución sus problemas o es un caso perdido. De entrada hay una esperanza, un caso perdido no es, puesto que la mayoría de la gente tiene fé en que es una institución que debe ser preservada, aún a costa de sacrificios. Otra cuestión es qué nivel de Sanidad nos podemos permitir. La lógica nos dice que nos permitiremos aquella sanidad que nos podamos pagar, es decir, tendremos que tener una sanidad más básica y con menos prestaciones, gratuíta en la mayoría de los casos, y otra sanidad en la que el pago de un porcentaje de la atención sea obligatorio. Esta consideración induce a pensar en discriminación de la población en base a su nivel de renta, pero no es tal desde el momento en que la solidaridad de todos mantiene un sistema sanitario eficaz para la gran mayoría de la población a un coste asumible por esta. La lógica también nos dice que la solidaridad tiene sus limitaciones, y no pueden considerarse beneficiarios de la Sanidad a aquellos que no aportan a su sostenimiento. Si la solidaridad de los habitantes de un país se debe con los nacionales de dicho país vía impuestos, la solidaridad con los no nacionales se debe vía cotizaciones de éstos o vía aportaciones de su país de orígen, la atención sanitaria a éstos debe adecuarse a su nivel de aportación para no sobrecargar un sistema ya sobrecargado, incluyendo en esta sólo las prestaciones más básicas. En cuanto a la población nacional, cotizante o no, es imperativo la adopción de un sistema de pago por uso del sistema sanitario a todos los niveles, incrementándose el nivel de aportación con respecto al nivel de uso del sistema y consumo de recursos. La aportación del pensionista por receta es imperativo para evitar la tendencia a la hipertrofia en el consumo de medicamentos, y la aportación por consulta médica es igualmente necesaria para moderar su uso. Otro aspecto no menos importante es el de la prescripción médica, ésta y no otra es la responsable del gasto farmacéutico, no hay más lógica que la generación de recetas por parte de los facultativos del sistema sanitario público es la que provoca el consumo de medicamentos. Todo procedimiento que mejore el control de la prescripción, adaptando ésta a la formación del prescriptor, y regulando su libertad de prescripción a criterios de eficiencia en la selección de los medicamentos, producirá efectos directos en la bajada del gasto farmacéutico. No nos olvidemos del papel de la Farmacia en el gasto farmacéutico, la administración pública desaprovecha su enorme potencial de capacidad educativa sobre el uso racional de medicamentos por la población, basando prácticamente todas sus medidas de control en la rebaja de precios y márgenes, políticas que basen la remuneración en el acto farmacéutico, más que en el margen sobre el precio, moverían la mentalidad del farmacéutico hacia otros derroteros. Las políticas de rebajas de precios en medicamentos y márgenes comerciales deben ajustarse a los fines para los que se han creado, disponer de medicamentos eficaces con una renovación adecuada a las necesidades de la sanidad, y mantener un sistema de distribución de medicamentos a la población que sea eficiente. Una regulación de precios mínimos consensuada entre Gobierno y empresas farmacéuticas, unido a una legislación que haga de la prescripción por principio activo una obligación, y una potestad del farmacéutico la sustitución genérica, con los límites lógicos de los casos excepcionales, lograría milagros en la contención del gasto farmacéutico.
Estas y otras consideraciones son las que me han movido a refelejar mis pensamientos, y aunque en el fondo soy pesimista sobre la posibiliadad de que nuestros políticos sean capaces de actuar de manera lógica en la resolución de los problemas de la Sanidad, espero que por el peso de los acontecimientos, la fuerza de la razón se impondrá.